¿SOY SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE PREV. DEL BLANQUEO DE CAPITALES? ¿CUMPLO LA NORMATIVA? ¿ESTOY AL TANTO DE LOS RIESGOS Y DE LAS SANCIONES?

De acuerdo con la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, están directamente obligados a INCORPORAR A SU ACTIVIDAD LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PBCFT:

• Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles.
• Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como asesores, graduados sociales, gestorías, contables externos, etc...
• Los notarios y registradores de la propiedad.
• Abogados y procuradores .
• Profesionales que actúen en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacción financiera o inmobiliaria.
• Profesionales que presten los siguientes servicios: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
• Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero
• Los casinos de juego.
• Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos.
• Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o antigüedades.
• Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
• Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de fondos o medios de pago.
• Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
• Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago.
• Las personas que comercien profesionalmente con bienes.
• Las fundaciones y asociaciones.
• Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o débito emitidas por otras entidades.
• Las entidades de crédito.
• Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión.
• Las sociedades y agencias de valores.
• Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Las sociedades gestoras de cartera.
• Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
• Las sociedades de garantía recíproca.
• Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
• Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional, realizadas por los servicios postales.